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Para que una solicitud de extradición a México sea procedente, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, la persona a extraditar debe ser acusada de un delito que sea punible tanto en el país solicitante como en México.
Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera standard los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en el caso Cavallo como en la interpretación del artículo 4o.
En algunas ocasiones en esta etapa los reclamados consienten en su extradición y se agiliza su entrega.
El proceso judicial de extradición en México consta de varias etapas. En primer lugar, se lleva a cabo una audiencia en la que se determina si la persona a extraditar es la misma que se busca en el país solicitante y si los delitos por los que se le acusa son punibles en México.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud formal de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
Una vez localizada la persona en el extranjero y se ha descartado que se trate de una homonimia, es decir, se asegura que es la persona requerida en extradición, se elabora una solicitud de detención provisional con fines de extradición o una petición official de extradición; asimismo, las solicitudes y/o peticiones formales de extradición se acompañarán de los documentos que soporten las mismas.
La pena de muerte es una de las principales exigencias a respetar por parte de las autoridades mexicanas, ya que cualquier solicitud de extradición deberá aprobar que no puede ser sentenciado de esta forma.
Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Common Law, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano&#a hundred and fifty;germánica o Civil Legislation que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.
3. Que la persona acusada haya cometido el delito en el país que solicita la extradición o haya huido a ese país para evitar el juicio.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con Check This Out el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio Extradición México Irlanda o rechazo de la petición de extradición.
Los tratados de extradición se refieren al derecho que tienen dos países de enviar o recibir a una persona que enfrenta un proceso legal.
Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.
Asimismo, es de destacar el quehacer de la Interpol en la persecución, detención y traslado de delincuentes, y el cada vez mayor número de convenciones internacionales en materia penal que han sido suscritas con el fin de reforzar y ampliar la lucha contra la delincuencia Check This Out internacional.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.